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Una apuesta por la seguridad integral de máxima calidad

El inicio del año constituye una oportunidad idónea para identificar aquellos cambios normativos que podrían contribuir a una Seguridad Privada con un mayor valor añadido para los ciudadanos

Ante un año marcado por un nuevo escenario político, en el que la industria de la seguridad se enfrenta a grandes desafíos, propios de una sociedad más digitalizada y conectada, el inicio del año constituye una oportunidad idónea para identificar aquellos cambios normativos que podrían contribuir a una Seguridad Privada con un mayor valor añadido para Sos ciudadanos. Pero, al tiempo, ¿qué pasos son necesarios para que ésto suceda? ¿Qué avances deben darse para alcanzar ese escenario? La solución a estas cuestiones, bajo nuestro criterio, viene reflejada en los retos que APROSER, en conjunción con los Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo Nacional Sectorial, viene identificando desde hace tiempo en el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, y que todavía siguen pendientes de resolución.

Dichos retos se concretan fundamentalmente en siete aspectos críticos que, por su envergadura, precisan cuanto antes de una solución global para avanzar en el desarrollo hacia un modelo de Seguridad Privada, que sea socialmente responsable y que permita garantizar un servicio de calidad.

Los recientes cambios jurisprudenciales exigen avanzar con urgencia en la fijación de mecanismos de responsabilidad del usuario, que obligue a estos a exigir y tutelar el respeto del cumplimiento de las obligaciones a las que compelen los contratos de prestación de servicios. Del mismo modo, es preciso actualizar el Estatuto de los Trabajadores para clarificar ¡os descuelgues salariales o derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa frente a los sectoriales. Necesitamos que todos estemos sujetos a las mismas reglas de juego.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, es preciso también acometer una modificación de ía previsión normativa de la Ley de Deslndexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, para adecuar los precios de los contratos como consecuencia de la aplicación de una nueva normativa legal o de un incremento de los costes laborales por aplicación de los sistemas de revisión legalmente establecidos.

Y, al tiempo, los cambios demográficos exigen emprender la extensión de la aplicación del contrato de relevo operada por el Real Decreto-ley 20/2018 al sector de la Seguridad Privada, y establecer un mecanismo equilibrado de jubilación anticipada para determinadas categorías profesionales, en un sector en el que la media de edad se ha incrementado ya a los 46 años.

La relevancia cualitativa de los contratos públicos, lleva a la necesidad de culminar el cambio normativo iniciado por la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la adopción de la Ley de Contratos de Sectores Especiales, reforzar la garantía de la adecuada solvencia económica de los licitadores e impulsar la utilización de auténticos requisitos cualitativos vinculados a una contratación socialmente responsable. Junto con estas medidas, también es preciso emprender el nuevo borrador de desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada que cuente con un proceso de consulta con los agentes sociales representativos, y que permita desplegar las potencialidades reales que la Seguridad Privada puede aportar a los ciudadanos y en beneficio de los mismos. Este reglamento debe regular efectivamente la protección jurídica que deben tener los más de 84.000 profesionales que componen el sector a la hora de prestar determinados servicios y en determinadas condiciones. Debe ayudar a combatir decididamente toda forma de intrusismo laboral y administrativo, y debe definir también con claridad los nuevos servicios prestados en cooperación y directa dependencia de las autoridades públicas.

Estamos hablando de un reglamento que no puede propiciar la desregulación de una parte Importantísima del sector como es la relativa al transporte de fondos, contribuyendo a la cultura del low-cost, que como consecuencia de la reciente crisis económica acabó arraigándose también en este sector.

Finalmente, como última medida de urgencia, pero no por ello menos importante, es esencial culminar el proceso, impulsado por la nueva Ley de Seguridad Privada, de un sistema de Formación Profesional reglada que permita el acceso a la profesión de los futuros profesionales del sector, sin duda un arma de transformación imprescindible para una industria en constante evolución. Todas estas medidas, ligadas a los desafíos propios de la digitalización, en la que la integración de la vigilancia tradicional «¡n situ» se combina con la prestación de servicios de seguridad y vigilancia remota y móvil, encuentra un nuevo escenario en el que las empresas y los profesionales de la industria de la Seguridad Privada van a desempeñar nuevas funciones de mayor valor añadido a la sociedad, adaptándose a esta ampliación de actividades como consecuencia de alianzas público-privadas, para ofrecer una seguridad integral de máxima calidad al conjunto de la sociedad

Ángel Córdoba Díaz.

Presidente de Aproser

Fuente: Cuadernos de seguridad