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El sector ante un nuevo escenario global

La industria de la seguridad se enfrenta a grandes desafíos. Avanzamos hacia una una sociedad más digitalizada y conectada y por ello la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en conjunción con los sindicatos firmantes del convenio colectivo nacional del sector, viene identificando varios retos desde hace tiempo en el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada.

Aspectos críticos

Dichos retos se concretan, fundamentalmente, en siete aspectos críticos. Los recientes cambios jurisprudenciales exigen avanzar con urgencia en la fijación de mecanismos de responsabilidad del usuario que obligue a estos a exigir y tutelar el respeto del cumplimiento de las obligaciones a las que compelen los contratos de prestación de servicios.

Del mismo modo, es preciso actualizar el Estatuto de los Trabajadores para clarificar los descuelgues salariales o derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa frente a los sectoriales. Necesitamos que todos estemos sujetos a las mismas reglas de juego.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, también es necesario acometer una modificación de la previsión normativa de la Ley de Desindexación y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público para adecuar los precios de los contratos como consecuencia de la aplicación de una nueva normativa legal o de un incremento de los costes laborales por aplicación de los sistemas de revisión legalmente establecidos.

Y, al tiempo, los cambios demográficos exigen emprender la extensión de la aplicación del contrato de relevo operada por el Real Decreto-ley 20/2018 al sector de la seguridad privada y establecer un mecanismo equilibrado de jubilación anticipada para determinadas categorías profesionales en un sector en el que la media de edad se ha incrementado ya a los 46 años.

La relevancia cualitativa de los contratos públicos lleva a la necesidad de culminar el cambio normativo iniciado por la Ley de Contratos del Sector Público mediante la adopción de la Ley de Contratos de Sectores Especiales, el refuerzo de la garantía de la adecuada solvencia económica de los licitadores y el impulso de la utilización de auténticos requisitos cualitativos vinculados a una contratación socialmente responsable.

Nuevo Reglamento

Junto con estas medidas, también es preciso emprender el nuevo borrador del desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada para poder desplegar las potencialidades reales que la seguridad privada puede aportar a los ciudadanos y en beneficio de los mismos.

Este reglamento debe regular efectivamente la protección jurídica que han de tener los más de 84.000 profesionales que componen el sector y ayudar a combatir decididamente toda forma de intrusismo laboral y administrativo. Y también debe definir con claridad los nuevos servicios prestados en cooperación y directa dependencia de las autoridades públicas.

Estamos hablando de un reglamento que no puede propiciar la desregulación de una parte importantísima del sector como es la relativa al transporte de fondos, contribuyendo a la cultura del lowcost que, como consecuencia de la reciente crisis económica, acabó arraigándose también en este sector.

Seguridad integral

Finalmente, como última medida de urgencia, pero no por ello menos importante, es esencial culminar el proceso, impulsado por la nueva Ley de Seguridad Privada, de un sistema de formación profesional reglada que permita el acceso a la profesión de los futuros profesionales del sector. Sin duda, un arma de transformación imprescindible para una industria en constante evolución.

Todas estas medidas deben ser puestas en contexto en un escenario donde la integración de la vigilancia tradicional in situ se combinará necesariamente con la prestación de servicios de seguridad y vigilancia remota y móvil para ofrecer una seguridad integral de máxima calidad al conjunto de la sociedad.

Ángel Córdoba Díaz.

Presidente de Aproser

Fuente: Seguritecnia