El Banco Central Europeo (BCE) rechazó el 1 de febrero de 2019 el límite de 1.000 euros para el pago en efectivo que el pasado martes aprobó Moncloa. El entonces presidente del BCE, Mario Draghi, envió un dictamen a España en el que pidió al Gobierno el freno de la medida y alertó de serios riesgos para la moneda europea y determinados sectores económicos.
El documento, al que ha tenido acceso elEconomista, subraya que que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional -como recoge el proyecto de ley aprobado en el último Consejo de Ministros- «es desproporcionada». El BCE destaca su «posible repercusión adversa» en el sistema de pagos en efectivo.
Atenta contra el curso legal
El Supervisor alerta del riesgo de la medida española para la moneda europea. «Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal», subraya el Banco Central Europeo.
El Banco niega que esta medida tenga cabida en la normativa europea antifraude. El BCE recuerda a España que el límite para las empresas establecido en la Directiva europea antiblanqueo está en los 10.000 euros. «Las operaciones con grandes sumas en efectivo pueden utilizarse para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que requiere que las personas que negocien con bienes, a quienes no obliga dicha directiva, se consideren entidades obligadas, y apliquen medidas de diligencia debida respecto de sus clientes», reconoce el dictamen del BCE. Sin embargo, precisa que la normativa establece que estos controles se pueden imponer a las empresas «solo si efectúan o reciben pagos en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros».
Daño a sectores económicos
Por otra parte, el dictamen del Banco Central Europeo advierte del peligro del límite de efectivo para varios sectores económicos. El documento apunta a la «desventaja que puede suponer para las operaciones ordinarias de ciertos segmentos del mercado».
Además, critica la posibilidad de colapso en determinadas situaciones en las que es complicado realizar pagos telemáticos. «Como enseña la experiencia en la Unión, ciertos medios de pago sin efectivo sufren interrupciones temporales, pues se basan en la infraestructura técnica manejada por proveedores de servicios de pago», explica el BCE. «Ante tales contingencias, puede ser preciso efectuar operaciones en efectivo que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo», señala el Supervisor ante la medida española.
El Gobierno, por su parte, ignora estas recomendaciones del Supervisor. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el lunes su proyecto de ley antifraude con el límite de los 1.000 euros para los pagos en efectivo de profesionales y empresas. El Consejo de Ministros lo aprobó y lo ha enviado ya al Congreso de los Diputados. «La idea es bajar a su mínima expresión los pagos en efectivo», destacó la ministra.
El BCE contesta que «la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago». A su juicio, «el efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos». El Banco Central Europeo señala que es un medio de pago que permite a los ciudadanos liquidar operaciones al instante, y el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso. «El pago en efectivo no requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante», concluye.
Bruselas rechaza la medida
La Comisión Europea considera, en la misma línea que el Banco central Europeo (BCE), que el límite de Hacienda a los pagos en efectivo viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal, lo que haría imposible que el Gobierno tome esta medida. Los bancos centrales han insistido durante esta pandemia sobre la importancia del uso del efectivo para que todos los hogares tengan acceso a todos los servicios. Durante los momentos más críticos de la primera oleada de Covid-19 en Europa, se produjo cierto rechazo al uso del dinero en efectivo por miedo al contagio.
La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que «la norma debería ser la aceptación de los billetes y monedas en euros como medio de pago en las transacciones minoristas… La denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista (comercio, tienda…) no tiene ningún cambio disponible», sostiene la Comisión Europea.
La medida aprobada el martes
El proyecto de Ley de Moncloa modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios.
El Ministerio sostiene que la utilización de medios de pago en efectivo «facilita los comportamientos defraudatorios, en aras de profundizar en la lucha contra el fraude, se disminuye el límite general de este tipo de pagos». Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el proyecto el martes en el Consejo de Ministros. De esta forma, para minimizar los efectos colaterales en pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.
Disminuye también el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Así, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y según el Gobierno facilitan el fraude.
