Un estudio de la Universidad de Zaragoza, titulado ‘Análisis del papel del dinero en efectivo en las áreas despobladas en España’ califica de consumidores vulnerables a las personas mayores de estas áreas que no tienen acceso al mismo.
La UZ ha explicado en una nota de prensa que el dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado, especialmente en las zonas rurales, por lo que garantizar su acceso es fundamental para mantener su supervivencia.
El trabajo indica que desde 2008 las áreas rurales de casi 30 provincias españolas sufren la despoblación y España es uno de los países europeos con más desigualdades en cuanto a polarización y existencia de desiertos demográficos.
Estas áreas están experimentando una pérdida progresiva de servicios, entre los que se encuentran los financieros. A esto hay que añadir que desde ese mismo año, el número de oficinas bancarias en España ha pasado de más de 45.700 a las 20.000 que habrá a finales de este año cuando culmine la actual fase de concentración bancaria.
Esto supone que el acceso a los servicios financieros sea «cada vez más restrictivo» para una buena parte de la población en zonas despobladas, algo que los investigadores han calificado como «desmoronamiento del sistema financiero en amplias zonas rurales de España».
Las personas mayores, que representan el 28,5 por ciento de la población rural, sufren en mayor medida este «desmantelamiento» de la red bancaria, así como las dificultades de acceso al efectivo y los riesgos de exclusión financiera, «generándoles inseguridad», apunta la investigación.
Añade que este segmento de población está ya englobado en lo que se conoce como consumidores vulnerables «para los que el efectivo sigue siendo su medio de pago dominante y es el factor determinante para su inclusión social» por lo que su falta de acceso a él «provoca exclusión social».
LIMITACIÓN
El coordinador de este estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, especializado en desarrollo rural, ha considerado que pagar en efectivo «es una especie de derecho, que en el rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores, inmigrantes, los más jóvenes, en las que la liquidez es el modo más habitual».
De alguna manera, ha añadido, personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos, como su autonomía, «ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones».
Por otra parte, el pequeño comercio también sufre las consecuencias de la dificultad de acceso al dinero y a los servicios financieros de proximidad, sobre todo en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Además, la elección del canal de compra digital frente al físico debilita también las redes comerciales de ámbito comarcal «lo que intensifica el debilitamiento de la propia economía local».
El análisis de la Universidad de Zaragoza incide en que el ecosistema social y económico de las pequeñas poblaciones gira en torno al efectivo más que en otro tipo de comunidades, con un porcentaje superior de frecuencia que en el mundo urbano, «dado que genera confianza y proporciona una relación más humana, además de que su cultura de pagos asociada es más tradicional».
Según el trabajo, «pagar mediante transferencia, tarjeta u otra vía resultaría antinatural, ya que el efectivo forma parte de la esencia del propio acto que se lleva a cabo».
Asimismo, el hecho de estar ubicados en zonas de sombra con baja cobertura digital lleva a que una parte importante de la población rural se vea inducida a esa liquidez física, pero de la que se ven privados por la reducción «acelerada» en los últimos años de oficinas y cajeros. Esto hace que no puedan pagar telemáticamente porque la línea falla, pero tampoco dispongan de una forma fácil de sacar dinero fácilmente.
RECOMENDACIONES
El análisis de la Universidad de Zaragoza incluye diversas recomendaciones o propuestas de actuación y esgrime que la solución a este problema no debe plantearse en términos estrictamente económicos.
En concreto, las características del grupo de población más intensamente afectado aconsejan hacer hincapié en la dimensión social del problema «por lo que sería recomendable que los poderes públicos se comprometieran en la búsqueda de una solución por cuestiones de equidad y cohesión, fundamentalmente, aunque también de eficiencia, por cómo implica también al tejido económico local, y de fomentar la libertad del individuo para poder elegir el sistema de pago que más le convenga».
El profesor Sáez ha incidido en que dado que el mercado financiero «ha acentuado los criterios de rentabilidad, cambiando su modelo de negocio –economías de escala, digitalización, reorientación hacia clientela más rentable– y una parte importante de la población sí se ha adaptado mediante estrategias de movilidad y el acceso digital, quedan encubiertas estas situaciones de exclusión, en algo tan relevante como cómo consumir y cobrar, es decir, organizarte la vida en tus aspectos más personales».
A su entender, «ante un fallo del mercado, debería haber una respuesta colectiva y los gobiernos más vinculados al territorio tendrían que liderar las soluciones». Ha añadido: «Con algo de imaginación, experiencias comparadas y voluntad política podrían plantearse, colaborando la iniciativa privada y la pública».
DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO
Las recomendaciones del estudio afectan tanto a las instituciones públicas, como a las entidades de depósito, encargadas en última instancia de la prestación del servicio. Desde el punto de vista de las primeras, se han de articular mecanismos «que permitan que la distribución del efectivo llegue de forma satisfactoria hasta la última milla».
«Estas instituciones deberían admitir su componente social, colaborando con las entidades de depósito para que la capilaridad del sistema alcance a la mayor parte del territorio», con medidas como la subvención a la instalación y el mantenimiento de los cajeros automáticos o facilitar la permanencia de las oficinas establecidas en las localidades más pequeñas, señala el informe.
Para los autores del estudio, los gobiernos autonómicos y las diputaciones provinciales «desempeñan un papel primordial, en la medida en que tienen un enfoque territorial en las competencias que ejercen y un mejor conocimiento de sus comunidades rurales» y su implicación «proporcionaría un mapa coherente sin incurrir en el localismo, planteando algún tipo de incentivo o colaboración que trate de minimizar las zonas sin acceso a estos servicios».
El equipo que ha elaborado el informe es de carácter inderdisciplinar y está integrado por profesores de los departamentos de Dirección y Organización de Empresas, de Marketing e Investigación de Mercados y de Economía Aplicada, junto con egresados en el Máster de Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza. Los firmantes son Valeria Abarca, Alberto Conejos, Lucio Fuentelsaz, Julio Jiménez, Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez.
Fuente: Europapress.es
