- CoESS, UNI Europa y la Asociación Europea de Transporte de Seguridad (ESTA) han organizado la segunda Mesa Redonda Europea sobre Efectivo conformando una amplia coalición de empresas, patronales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
- El encuentro, bajo el título “Aceptación de efectivo: clave para la sociedad, clave para el empleo”, tuvo como objetivo actualizar los últimos avances legislativos y jurídicos, inspirarse de las mejores prácticas al nivel comparado y desarrollar estrategias para salvaguardar el efectivo a nivel nacional y europeo.
La crisis del COVID-19 ha acelerado aún más la «Guerra contra el efectivo» en Europa. El bloqueo de las economías, unido a las campañas que han identificado injustamente el uso del efectivo y la transmisión del virus han acelerado el cambio en el comportamiento de los consumidores. Además, se ha constatado cómo el incremento en el porcentaje de compras en línea y de pagos sin efectivo ha tenido una considerable incidencia en diferentes líneas de negocio y en los trabajadores de estos sectores
Asociaciones empresariales y organizaciones sindicales representativas del ecosistema del efectivo han formado parte de esta segunda edición, así como organizaciones de la sociedad civil, que muestran en el contexto europeo una creciente preocupación por el impacto de la “Guerra en Cash” en colectivos vulnerables de la población.
En la apertura de la reunión, Eduardo Cobas, presidente de la Comisión de Trabajo de Diálogo Social de CoESS y secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), agradeció a UNI Europa el esfuerzo que ha realizado para avanzar conjuntamente en el Diálogo Social Sectorial Europeo. Advirtió que la “Guerra contra el efectivo” está más activa que nunca, con el claro objetivo de eliminar el único sistema de pago público que existe.
El secretario general de Aproser aclaró que CoESS nunca ha estado y nunca estará en contra de los desarrollos tecnológicos, respetando y dando la bienvenida a los beneficios que la libertad adicional de elección en los métodos de pago brinda a muchos ciudadanos. Pero advirtió que la actual «Guerra contra el efectivo» no solo representa un desafío creciente para millones de trabajadores en el ecosistema del efectivo, sino que tiene un impacto muy directo en los grupos más desfavorecidos de la sociedad: ciudadanos como los 15 millones de parados, los 125 millones de jubilados y las 100 millones de personas en riesgo de pobreza en Europa que dependerán cada vez más en su vida diaria de las decisiones de los bancos o de las grandes redes de Internet. proveedores. Por lo tanto, mediante sus palabras en la mesa redonda centró su mensaje en la garantía legal de la aceptación del efectivo.
Durante su intervención, el secretario general de APROSER también destacó que “eliminar el dinero en efectivo significa un mayor coste a nivel general, un menor control de sus gastos para las familias, un mayor control de nuestras vidas y un aumento de las deudas con los bancos. Y que, además, supondría eliminar el único sistema de pago público actual y acelerar la privatización completa de esta área de actividad”.
El resto de los ponentes continuaron incidiendo en que la aceptación del efectivo es fundamental para el conjunto de la sociedad, ya sea por razones relacionadas con las necesidades de sectores específicos de la población, o para garantizar que el efectivo, como único medio de pago de carácter público, pueda sobrevivir en un entorno muy competitivo.
Otra de las conclusiones de la mesa giró en torno a la promoción de la desaparición del efectivo por parte de los propietarios de los medios de pago privados. Y que el efectivo, por el contrario, en su condición de bien público, carece de un defensor. Todo ello tiene un impacto en las elecciones de los consumidores, en la integración social y financiera, pero igualmente en los niveles de empleo, directa e indirectamente involucrados en la gestión y el procesamiento del efectivo. Asimismo, como se destacó durante la sesión, este fenómeno tiene repercusiones adicionales en los derechos fundamentales de las personas mayores, los solicitantes de asilo y otras personas «sin papeles”.
