El Congreso iniciará el proceso de trámite de la Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Actualmente, se encuentra en plazo de enmiendas.
El senado ha alegado que la exclusión financiera de una parte de la ciudadanía, derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables y que ha de ser revertida inmediatamente en pos de la igualdad y la justicia social.
Así, según los últimos datos publicados por el Banco de España, se constata que el número de cajeros automáticos había disminuido en el año 2017 en un 17,6 %, pasando de los 61.714, que existían en 2008, a los 50.839 en el año 2017, tendencia esta fuertemente territorializada y que se mantiene constante en zonas rurales o de poca renta per cápita. En este sentido, hay que reseñar que, siguiendo con los datos expuestos por el Banco de España, para el 2017 un total de 4.109 municipios españoles habían perdido la única oficina bancaria de que disponían, lo que suponía que un 2,7 % de la población española no disponía en la citada fecha de tal servicio en su municipio. Es cierto que se han intentado determinadas actuaciones para paliar tales efectos, que lo han conseguido, al menos parcialmente, no pueden ser consideradas suficientes; entre ellas destacaríamos los servicios móviles de cajero automático o los convenios con agentes financieros.
