La prohibici\u00f3n absoluta del uso de pago de t\u00edtulos bancarios al portador y su exclusi\u00f3n definitiva de tr\u00e1fico econ\u00f3mico constituye \u00abuna medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal\u00bb y se \u00abopone al principio general de admisi\u00f3n del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones\u00bb, seg\u00fan establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.<\/p>\n
La titular del Juzgado, la magistrada-juez Alabau Mart\u00ed, ha anulado una sanci\u00f3n de 50.000 euros impuesta por Hacienda a una empresa que cobr\u00f3 200.000 euros de otra con un cheque al portador por una operaci\u00f3n inmobiliaria, al entender que la medida resulta desproporcionada e innecesaria y contradice el Derecho comunitario y la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE).<\/p>\n
Estima Alabau Mart\u00ed que \u00abesta limitaci\u00f3n que de hecho y de derecho, supone la supresi\u00f3n de los pagos en efectivo, y en t\u00edtulos al portador, a partir de una determinada cuant\u00eda, en la medida en que se contrapone al principio general de aceptaci\u00f3n del euro como moneda de curso legal liberadora de las obligaciones en el seno de la UE, ha de ser necesaria para garantizar el fin perseguido, y proporcional en los medios empleados\u00bb.<\/p>\n
La magistrada considera que la supresi\u00f3n del dinero en efectivo para transacciones superiores a los 2.500 euros en las que intervenga un empresario o profesional, prevista en la Ley 7\/12 de 29 de noviembre, no se puede aplicar de forma generalizada.<\/p>\n
\u00abEn la medida en que se contrapone al principio general de aceptaci\u00f3n del euro como moneda de curso legal liberadora de las obligaciones en el seno de la UE, ha de ser necesaria para garantizar el fin perseguido y proporcional en los medios empleados\u00bb, precisa.<\/p>\n
Normativa financiera<\/strong><\/p>\n La Inspecci\u00f3n Regional de la Administraci\u00f3n Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) mult\u00f3 a la mercantil por una infracci\u00f3n de la normativa financiera sobre pagos en efectivo recogida en la Ley 7\/12 de 29 de noviembre.<\/p>\n La sociedad sancionada hab\u00eda recibido en el a\u00f1o 2017 un cheque al portador por importe de 200.000 euros girado contra una cuenta bancaria de la pagadora, como parte del precio total de 3,3 millones de euros fijado entre ambas empresas por la venta de 36 locales comerciales situados en un edificio de Benidorm.<\/p>\n El Juzgado ha estimado ahora en el recurso de la vendedora, en una sentencia contra la que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).<\/p>\n En el caso examinado, prosigue, \u00abel control tendente a evitar el fraude fiscal est\u00e1 perfectamente garantizado por medio de la Ley 10\/2010 de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb, que obliga a las entidades financieras a identificar a las personas que intervienen en estas operaciones y a conservar documentaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n La magistrada cita en apoyo de sus conclusiones una sentencia reciente del TJUE, de fecha 26 de enero de 2021, que avala un dictamen del Banco Central Europeo que recomienda que las limitaciones establecidas por los Estados miembros a la circulaci\u00f3n de efectivo sigan un criterio de proporcionalidad.<\/p>\n Esa jurisprudencia establece como principio general la aceptaci\u00f3n del dinero en efectivo y se\u00f1ala que los jueces de cada Estado de la UE han de apreciar los criterios de proporcionalidad y necesidad de las restricciones a dicho principio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"