Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no hay evidencia científica de contagio de Covid-19 a través del contacto con objetos. La mayor medida de seguridad reside en lavarse las manos y extremar las medidas de higiene, independientemente del método de pago utilizado.
Los establecimientos, tiendas, bares y locales comerciales del territorio nacional que esta semana pasan a la fase 1 de la desescalada podrán aceptar pagos en efectivo con total seguridad, siempre y cuando adopten las medidas higiénicas necesarias.
Madrid, 19 de mayo de 2020.- De cara a las próximas aperturas y fases de desescalada que avanzan hacia una ‘nueva normalidad’ y ante la incertidumbre y desconocimiento en muchos comercios y establecimientos sobre las medidas de seguridad que han de adoptar, desde Aproser se recuerda que el dinero en efectivo debe considerarse un sistema de pago tan válido como cualquier otro para retornar progresivamente hacia la normalidad.
Tal y como ha comunicado la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se han identificado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial, según el último informe de la agencia médica de la ONU.
Por lo tanto, la recomendación de evitar el uso del efectivo sin ninguna evidencia científica que lo corrobore solo conduce a la desinformación, especialmente cuando incluso estudios anteriores sobre la pervivencia del virus indicaban que la duración en papel (billete) es incluso menor que en el plástico (tarjeta) siendo este uno de los materiales donde más persiste.
En esta última actualización la OMS sugiere que “la enfermedad COVID-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios”. Por lo tanto, la mayor medida de seguridad reside en lavarse las manos y extremar las medidas de higiene, independientemente del método de pago utilizado.
En este sentido, diversos organismos nacionales e internacionales y autoridades monetarias, como el Banco Central Europeo o el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España coinciden en que no existe evidencia científica sobre un riesgo añadido derivado de la utilización del efectivo.
Información para la desescalada: pagos seguros
Teniendo en cuenta que ya se ha iniciado el plan de desescalada en todo el territorio nacional, a excepción de comunidades como Madrid, Barcelona y Castilla y León, es primordial que en este nuevo escenario se abogue por la racionalidad, siempre teniendo como máxima prioridad la salud de los ciudadanos, por lo que pagar en efectivo ha de seguir siendo considerado como un método válido y seguro.
Para garantizar la máxima seguridad los establecimientos y locales comerciales han de adoptar diversas medidas como señalar de forma clara la distancia de seguridad de dos metros entre clientes, así como la distancia con el vendedor que ha de ser al menos un metro (cuando se cuente con elementos de protección como mamparas o pantallas faciales de protección, o de dos metros sin estos elementos) durante todo el proceso de compra, así como en las zonas de atención y de pago. Igualmente, los establecimientos y locales deben poner a disposición del público dispensadores de geles desinfectantes que deberán estar siempre en condiciones de uso.
Una cuestión de confianza e inclusión social
El efectivo es un medio de pago universal e inclusivo que favorece la confianza de un gran número de ciudadanos tal y como confirman los datos del Barómetro sobre Hábitos y Percepción de los Ciudadanos respecto al Pago en Efectivo que señalan que un 74% de los españoles opta por el efectivo para hacer frente a sus gastos diarios, especialmente para importes de menos de 20 euros, y principalmente en tiendas pequeñas o de barrio, y hostelería.
En este sentido conviene recordar que la lucha contra el coronavirus no es una cuestión de métodos de pago, por muy bien que pudiera resultar un entendimiento en sentido contrario para las multinacionales de transacciones electrónicas. Limitar el uso del efectivo no solo no evita un posible contagio, sino que, tal como se ha manifestado desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y, en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por otra parte, afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
En cuanto al comercio, incide de forma directa en la competitividad de los pequeños, que en una situación ya de por sí especialmente crítica se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes superficies comerciales, que se verían obligados a implantar el pago online como único medio de pago permitido, además, en la actual situación económica sin los recursos ni el tiempo necesario.
Y, en general, condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
Dificultar el uso del efectivo significa optar por la progresiva eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.
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