El ejercicio 2021, marcado por los primeros síntomas de recuperación de una pandemia sin precedentes que impactó en toda la actividad económica, ha cerrado con un incremento de la facturación del 5,1% en términos interanuales, alcanzándose 4.431 millones de euros.

Por actividades, el segmento de Vigilancia alcanzó los 2.651 millones tras registrar un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior. El área de Sistemas y Alarmas también experimentó un incremento de la facturación, del 8,2%, hasta los 1.507 millones. Asimismo, tras una caída del 19,9% en el año 2020, el sector del Transporte de Fondos ha experimentado un leve crecimiento del 4,5% durante este periodo.

De cara al ejercicio 2022, las previsiones apuntan a que el sector continuará en una senda ligeramente favorable y se estima que cerrará con un crecimiento de la facturación del 4% para el conjunto de la industria y del 2,5% en el segmento de Vigilancia. Conviene señalar que estas estimaciones están sujetas a las actuales y diversas incertidumbres en el escenario político y económico del país, y al desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania en los meses restantes de 2022.

La procedencia del negocio en el ejercicio 2021 crece de manera moderada en el ámbito público, cuatro puntos porcentuales más que en el último ejercicio analizado, pero todavía proviniendo del sector privado un 75%. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 52% procede de empresas públicas, la Administración Estatal aporta el 17%, la Administración Autonómica el 20% y el restante 11% proviene de la Administración Local.

En cuanto a los segmentos de demanda en Vigilancia, destaca Industria y Energía junto con Comercio y Servicios, donde ambos segmentos se sitúan en el 16,5% de la facturación. A continuación, Infraestructuras de Transporte representan el 15,6% y Edificios / Instalaciones de Organismos Públicos con un 11,8%.

El número de empresas distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.571, de las cuales 1.355 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 195 por la Generalitat de Catalunya y 21 por el Gobierno Vasco.

Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector es la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual señala que un 84,5% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.

El número de vigilantes de seguridad privada en activo ha sufrido un incremento del 2,1% respecto al año anterior, alcanzando los 85.700 profesionales, de los cuales el 86% dispone de una modalidad de contratación de carácter indefinido, muestra de la histórica apuesta del sector por la estabilidad en el empleo.

La edad media de los vigilantes de seguridad privada se sitúa en los 48 años y alrededor de 12.000 (14%) son mujeres. En cuanto a la formación de este colectivo, un 6% ha cursado estudios universitarios (licenciatura/diplomatura) mientras que el 94% restante tiene formación en FP, Bachillerato y/o Enseñanza Obligatoria.

Cabe señalar que todas aquellas empresas de mayor antigüedad en el sector y que emplean cada una a más de 5.000 vigilantes de seguridad están asociadas a APROSER.

El sector de la seguridad privada contempla la escasez de rentabilidad, la competencia desleal y los bajos precios de licitación (en especial referidos a la Administración Pública) como las tres principales debilidades y amenazas que sufre el Sector. La continua inseguridad jurídica en general y, en especial, la referida a la actividad de Transporte de Fondos también constituye una amenaza destacable.

Una de las fortalezas que caracterizan al sector, todavía muy intensivo en gestión de personas, es la creación de empleo a medida que se ha ido produciendo una reactivación del consumo. Junto a ello, también se encuentran oportunidades en el desarrollo de nuevas tecnologías, dado que contribuyen a la optimización y mayor eficacia y eficiencia del servicio. Asimismo, durante estos últimos años, en los que la seguridad privada ha trabajado más de la mano que nunca con el personal de seguridad pública, se ha consolidado la colaboración público-privada en el sector. La cooperación entre profesionales de la seguridad de distintos ámbitos se está incrementando paulatinamente debido a los excelentes resultados que se han conseguido fruto de esta colaboración.