Tras las últimas informaciones de la OMS, que desvinculan el uso del efectivo con el contagio del coronavirus, y ante el inicio de la reactivación de la economía, los españoles vuelven a retirar efectivo de los cajeros automáticos, mostrando, una vez más, la confianza que tienen en este medio de pago.
Al ser el único sistema de pago público y universal, el efectivo asegura la inclusión social, genera menores costes al comercio y permite controlar de manera sencilla las finanzas personales.
Madrid, 05 de junio de 2020.- La progresiva reactivación de la economía, acorde con el avance del plan de desescalada planteado por el gobierno, se ve reflejada en la fuerte recuperación de la actividad en los cajeros automáticos. De acuerdo con los datos de las empresas de transporte de fondos, las retiradas de efectivo en cajeros han recuperado un 50% de su actividad con respecto a las semanas iniciales del confinamiento, si bien todavía no se ha vuelto a los niveles pre-covid, a la espera de una mayor actividad económica en las comunidades de Madrid y Cataluña que todavía no han accedido en su totalidad a la fase 2.
Desde el inicio del estado de alarma, se ha registrado un descenso generalizado del consumo, con la consecuente caída en los diferentes sistemas de pago, entre los que se incluyen tarjetas y dinero en efectivo. En las últimas semanas, y tras la relajación de las restricciones en todo el país, ha comenzado a observarse una cierta recuperación en determinados ámbitos y son muchos los españoles los que han acudido a los cajeros a retirar efectivo para hacer frente a sus gastos diarios.
Recomendaciones sin fundamento
El dinero en metálico representa un elemento fundamental del sistema económico. Por ello, desde Aproser se advierte sobre las consecuencias actuales y futuras de la discriminación negativa del efectivo experimentada durante el estado de alarma. En este sentido, distintas instituciones y organismos internacionales, entre los que se encuentra la Organización Mundial de la Salud, han reiterado numerosas veces que, con las adecuadas medidas de higiene, la utilización de dinero en efectivo no conlleva un mayor riesgo de contagio que otros materiales, como el plástico de la tarjeta o el terminal del punto de venta (TPV), acompañando múltiples argumentos técnicos y científicos que soportan estas afirmaciones.
No hay que olvidar que el efectivo es el único medio de pago universal e inclusivo. Además, favorece la confianza de un gran número de ciudadanos tal y como confirman los datos del Barómetro sobre Hábitos y Percepción de los Ciudadanos respecto al Pago en Efectivo, que señalan que un 74% de los españoles opta por el efectivo para hacer frente a sus gastos diarios, especialmente para importes de menos de 20 euros, y principalmente en tiendas pequeñas o de barrio, y hostelería.
Los peligros de una sociedad sin efectivo
Con la crisis del coronavirus se ha aprovechado para abrir un viejo debate: el de la supervivencia del dinero en efectivo. En este contexto, desde Aproser se recuerda que su desaparición tendría graves consecuencias para la sociedad y, entre otras cosas, favorecería la privatización de los medios de pago.
En este sentido, es importante señalar que una buena parte de los ingresos de las entidades financieras se genera a través del cobro de comisiones por el uso de la tarjeta tanto por parte de los particulares como de los comercios. Los primeros podrían pagar al banco una comisión anual por mantenimiento e intereses si aplazan los pagos y los segundos pagan comisiones por transacciones realizadas en TPV por compras utilizando tarjetas. Concretamente los comercios tuvieron que afrontar en 2019 más de 661 millones de euros en concepto de comisiones por aceptar pagos con tarjetas.
Inclusión social y garantía de libertad y privacidad
Limitar el uso del efectivo no solo no evita un posible contagio, sino que, tal como se ha manifestado desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y, en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por otra parte, afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
En cuanto al comercio, incide de forma directa en la competitividad de los pequeños, que en una situación ya de por sí especialmente crítica se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago.
En general, condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
