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David Jiménez, presidente de Aproser Canarias: «Es lamentable el tratamiento que en 2020 se ha dado al dinero en efectivo»

El presidente de Aproser Canarias, David Jiménez, cree que con la Covid-19 se adoptan medidas que favorecen a las grandes multinacionales de medios de pago electrónico

El presidente de la asociación de las empresas de seguridad privada que respetan el convenio nacional de los trabajadores, Aproser Canarias, David Jiménez Mateo, explica la incidencia negativa que la pandemia ha tenido en el uso de dinero en efectivo y, como consecuencia, en el transporte de fondos. Según Jiménez, “este ha sido un año muy complicado, intenso, incierto, pero igual que para la sociedad en su conjunto; un año en el que la seguridad privada ha estado en la primera línea de batalla de una forma valiente, discreta e incansable”. A su juicio, la Covid-19 ha trastocado toda la vida social y empresarial y ha puesto en el foco “a los que nos dedicamos a la protección de bienes y personas; por eso ha sido doblemente extraordinario para nosotros, pues hemos compartido esta vivencia con toda la sociedad, pero además nos hemos implicado profundamente por nuestro cometido profesional”.

Jiménez recuerda que “los vigilantes desempeñan su labor de forma complementaria y subordinada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en instalaciones críticas y estratégicas; allí hemos desempeñado nuestra labor y también en los lugares que han permanecido abiertos, como supermercados y centros comerciales”. Pero advierte de que “en nuestra actividad relativa al transporte de fondos y gestión del efectivo, ha sido lamentable el tratamiento que se ha dado en el 2020 al uso del dinero en efectivo, aunque la totalidad de los bancos centrales y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) han dejado claro que no hay evidencia científica que relacione el uso de la moneda o los billetes con la transmisión del Covid-19 y, pese a ello, se han adoptado medidas discriminatorias, favoreciendo a las grandes multinacionales de medios de pago electrónicos, que perjudican a numerosos colectivos sociales”.

Acción “extraordinaria”

Sobre si la pandemia ha afectado a las contrataciones por la iniciativa privada y las administraciones, “no ha habido novedades en este aspecto, salvo una que consideramos extraordinaria por el interés mostrado desde la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, que, por primera vez en nuestro sector, nos ha planteado unas consultas previas de mercado en el proceso de elaboración de pliegos de un servicio de seguridad privada, lo que agradecemos por la innovación y por el esfuerzo realizado, pues puede resultar ejemplar y estimulante para otros órganos de contratación”, apunta el presidente de Aproser.

Para David Jiménez, 2020 ha sido el año de los ERTE, pues durante el confinamiento se produjeron muchas reducciones y cierres de servicios en aeropuertos, hoteles, centros comerciales, espectáculos o eventos deportivos, “pero los ERTE han evitado al máximo las desvinculaciones”, en referencia a los despidos. Señala que, al mismo tiempo, “se crearon nuevas necesidades o se ampliaron algunas ya existentes en supermercados, hospitales o centros logísticos, que, con todo, no han compensado el cese de actividad derivado de la pandemia”. Desde su punto de vista, “la reducción de actividad ha sido más acusada en el transporte de fondos que en el de la vigilancia privada, siendo en términos de beneficios empresariales, sin duda, un año negativo”.

¿Cómo ha influido el establecimiento de protocolos de acceso o la limitación de aforos? “Nuestra labor ha sido muy visible en intercambiadores de transporte, en centros sanitarios o en supermercados; la situación de crisis sanitaria ha generado una vigilancia nueva en la que la seguridad privada puede cumplir nuevas funciones para responder a un nuevo entorno con protocolos muchos más estrictos”. Un ejemplo está en el “control de los niveles de temperatura, ya que son un indicador de sufrir un contagio”, afirma.

Nuevos servicios

Según Jiménez, “se debería estudiar seriamente extrapolar a los espacios públicos las exitosas experiencias sobre limitación de accesos o distanciamiento entre usuarios llevadas a cabo en las redes de infraestructuras de transporte o en los supermercados”. Comenta que existen muy diversos entornos como playas, parques y zonas de esparcimiento “en los que es factible que las autoridades competentes autoricen servicios complementarios de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un retorno más seguro a la plena actividad”.

Esta convencido que las empresas de seguridad privada pueden desempeñar nuevos servicios en sectores afectados de forma especial “por esta crisis sanitaria y que precisen reforzar e incrementar la visibilidad de sus sistemas de protección, como podría suceder en el turismo, en centros culturales y deportivos o en el de la hostelería, y que deberían contar, para poder prestarse de manera eficaz, con el necesario apoyo legislativo y financiero de las autoridades públicas.

Seis mil profesionales en las Islas

Aunque hay muchas más empresas registradas, la mayor parte de la actividad gira en torno a una docena de ellas, de las cuales cinco pueden representar cerca de dos tercios del sector en el Archipiélago y esas cinco están integradas en Aproser, según David Jiménez Mateo. A pesar de que hay cierta movilidad, Jiménez estima que, en conjunto, “puede haber casi seis mil profesionales de la seguridad privada trabajando en Canarias”. Refiere que “la seguridad privada ha ido avanzando en una visión integral que combina la seguridad física y la seguridad lógica; y en este sentido nuestros asociados han ido adaptando progresivamente su cartera de servicios para responder a esta demanda y la evolución del mercado”. En esa línea, dice que el vigilante es “cada vez más, y en muchos puntos tiene que comunicarse en otros idiomas”, por lo que las sociedades dedican recursos a la formación permanente. “Las herramientas tecnológicas son un complemento indispensable para la tarea del vigilante, pero no puede quedar en el olvido el fuerte componente humano de nuestra labor”, apunta. A su juicio, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que “prestamos un servicio muy beneficioso y de interés general, pues nos esforzamos en favorecer la convivencia y tratamos de mejorar la percepción comunitaria de que disfrutamos una sociedad segura y pacífica”.