FACTURACIÓN

El ejercicio 2020, afectado por una pandemia sin precedentes que impactó en toda la actividad económica, ha cerrado con un leve descenso del 0,8% en términos hasta los 4.214 millones de euros.

Este ajuste se produce tras cinco años consecutivos de crecimiento en las cifras de facturación del sector. Por actividades, el segmento de Vigilancia alcanzó los 2.560 millones tras registrar un crecimiento del 0,9% respecto al año anterior. El área de Sistemas y Alarmas también experimentó un incremento de la facturación, del 0,5%, hasta los 1.393 millones. Sin embargo, el Transporte de Fondos facturó un 19,9% menos en el ejercicio, cerrando con 261 millones de euros.

PROCEDENCIA DE NEGOCIO

La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector privado un 79%, frente al 21% del sector público. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 50% procede de empresas públicas, la Administración Estatal aporta el 20%, la Administración Autonómica el 19% y el restante 11% proviene de la Administración Local.

En cuanto a los segmentos de demanda en Vigilancia, destacan Servicios e Industria y Energía como principales segmentos con un 17,9% y un 17,6% de la facturación, respectivamente. A continuación, Infraestructuras de Transporte representan el 15,9% y Comercio un 15,5%.

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

El número de empresas distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.586, de las cuales 1.361 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 202 por la Generalitat de Catalunya y 23 por el Gobierno Vasco.

Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector es la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual señala que un 85% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.

EFECTIVOS Y PERFIL DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD

El número de vigilantes de seguridad privada en activo ha sufrido un descenso del 0,7% respecto al año anterior, alcanzando los 85.700 profesionales, de los cuales el 85% dispone de una modalidad de contratación de carácter indefinido, síntoma de la histórica apuesta del sector por la calidad y estabilidad en el empleo. La edad media de los vigilantes de seguridad privada se sitúa en los 47 años y alrededor de 11.000 (13%) son mujeres.

Cabe señalar que todas aquellas empresas de mayor antigüedad en el sector y que emplean cada una a más de 5.000 vigilantes de seguridad están asociadas a APROSER.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Haciendo abstracción de los impactos directamente derivados de la crisis sanitaria COVID-19, las materias que continúan teniendo una mayor incidencia negativa en la recuperación del sector son, entre otras, la competencia desleal, el intrusismo profesional, los bajos precios de licitación, la insuficiente correlación entre riesgo asumido/rentabilidad, y los problemas de regulación y continua inseguridad jurídica (especialmente la añadida en la actividad de transporte de fondos y gestión del efectivo).

De entre lo anterior, es relevante la aludida inseguridad jurídica por la que sigue atravesando el sector: la ausencia del Reglamento de acompañamiento de la Ley de Seguridad Privada de 2014, los intentos de desregulación sectorial, la desaparición de actividades propias y las normativas y sentencias contradictorias, como la reciente del Tribunal Supremo 873/2018, que pone en riesgo una contratación socialmente responsable al desincentivar la concurrencia a los procesos de licitación.

Una de las fortalezas que caracteriza al sector, todavía muy intensivo en gestión de personas, es la creación de empleo de calidad a medida que se produce una reactivación del consumo. La reciente situación sanitaria ha favorecido la aparición de nuevas funciones para los profesionales de la seguridad privada.

Además, este año hemos presentado los resultados de la nueva edición del Estudio sociológico sobre la percepción de la Seguridad Privada en España, elaborado por Canal Sondeo. El estudio ahonda en los aspectos esenciales que inciden sobre la Seguridad Privada en nuestro país, como la percepción y valoración del cometido de los Vigilantes de Seguridad, los lugares en los que la Seguridad Privada debería consolidar o incrementar su presencia, la protección jurídica y el reconocimiento social de los profesionales Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio es que ha aumentado la sensación de seguridad que genera la presencia de Vigilantes de Seguridad. En concreto, nueve de cada diez españoles (un 86%) se sienten más seguros en los lugares en los que hay Vigilantes de Seguridad, lo que supone un incremento desde el 79% de los que hace cinco años, en la anterior edición, afirmaban sentirse muy seguros o bastante seguros en presencia de estos profesionales.