Cifras y datos del sector

ESTIMACIONES DEL 2020

Los datos del año 2020 reflejan que el impacto del COVID-19 ha representado una disminución cercana al 20% en las actividades de transporte de fondos y en torno al 7% en los servicios de vigilancia.

Las empresas de APROSER dedicadas al transporte de fondos han realizado durante el cuarto trimestre del año 2020 un 19,4% menos de paradas para la entrega y retirada de efectivo en comparación con el mismo período del año 2019. En términos anuales, la disminución del número de paradas asciende al 19,8%, siendo particularmente relevante la disminución del 35,5% durante el segundo trimestre de 2020.

Por otra parte, si se considera adicionalmente la disminución del importe facturado por parada, la repercusión en la actividad de las empresas de gestión del efectivo ha llegado a superar ampliamente una merma del 50% de sus cifras de negocio durante el segundo trimestre, y del 25% durante el cuarto trimestre y el año en su totalidad. Frente a la leve recuperación experimentada durante el mes de julio, los datos del cuarto trimestre, en particular los del mes de octubre, reflejan un descenso en términos interanuales del 23,2% que permite constatar el importantísimo impacto de la pandemia en la actividad del sector y que medidas regulatorias contraproducentes y carentes de justificación, como la reducción de los niveles de utilización del efectivo, no pueden sino acentuar esta tendencia.

Los datos de la actividad de vigilancia también representan una disminución en los volúmenes de actividad de las empresas asociadas en términos interanuales corregidos con los niveles de crecimiento orgánico experimentados en el mes de enero. Unos datos que, tras la ligera recuperación del mes de julio, al inicio del período de nueva normalidad, han vuelto a empeorar progresivamente de forma constante durante los siguientes meses, acumulándose un diferencial en el crecimiento potencial del 10,3% en la comparación entre el primer y el último mes del año.

Se constata que los servicios adicionales prestados en tareas fundamentales para el control de la pandemia como, por ejemplo, en supermercados u hospitales, no compensaron en absoluto la importante afectación en otros ámbitos, como, por ejemplo, el aeroportuario, y por el contrario, la directa correlación de los niveles de facturación del sector con la actividad económica general permiten aventurar algunos efectos de segunda ronda, característicos de otras crisis precedentes.

 

 

INFORME ECONÓMICO (2018)

FACTURACIÓN

El ejercicio económico 2018 muestra un moderado crecimiento de la facturación del sector de la seguridad privada en España alcanzando los 4.032 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,52% en términos interanuales, dato todavía inferior al obtenido en 2006.

En la división del sector por actividades, la Vigilancia alcanzó los 2.444 millones, un 5,30%. El área de Sistemas y Alarmas creció hasta los 1.242 millones, un 5,52%, y el Transporte de Fondos facturó 346 millones de euros, con un incremento del 7,12%.

Las previsiones de crecimiento para el cierre del presente año se estiman en un 4% para el sector y un 3,5% en el área de Vigilancia. Conviene señalar que estas estimaciones están sujetas a las actuales y diversas incertidumbres en el escenario político y económico del país, y al impacto sobre el sector del futuro nuevo Reglamento de Seguridad Privada.

PROCEDENCIA DE NEGOCIO

Se mantiene la prevalencia del sector privado, un 80%, frente al sector público, que representa el 20%, en la procedencia de negocio. La facturación correspondiente a las Administraciones Públicas se desglosa, en escala descendente, de la siguiente manera: las empresas públicas representan el 52%. La Administración Autonómica el 21%. El 16% procede de la Administración Estatal, y el restante 11% de la Administración.

La demanda de servicios de seguridad privada integra como principales segmentos al de Servicios y al de Infraestructuras de Transportes con un 20,04% y un 19,25% respectivamente, y al sector Industria y Energía y Comercio con un 15,37% y un 12,79%. Por consiguiente, estos segmentos consumen más de dos tercios de la demanda total.

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

El número de empresas distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.581, de las cuales 1.360 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 196 por la Generalitat de Catalunya y 25 por el Gobierno Vasco.

Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector es la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual señala que un 84,7% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.

EFECTIVOS Y PERFIL DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD

El número de vigilantes de seguridad privada en activo se ha incrementado en un 1,63%, alcanzando los 84.125 profesionales, de los cuales el 80% disfruta de una modalidad de contratación de carácter indefinido, síntoma de la histórica apuesta del sector por la calidad y estabilidad en el empleo.

Cerca de 11.000 vigilantes, el 13%, son mujeres y la edad media se mantiene en 46 años. En cuanto a la formación de este colectivo, un 8% del personal ha cursado estudios universitarios (licenciatura/diplomatura) mientras que el 92% restante tiene formación en FP, Bachillerato y Enseñanza Obligatoria.

Cabe señalar que todas aquellas empresas de mayor antigüedad en el sector y que emplean cada una a más de 5.000 vigilantes de seguridad están asociadas a APROSER.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Las materias que continúan teniendo una mayor incidencia negativa en la recuperación del sector son, entre otras, la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la insuficiente correlación entre riesgo asumido/rentabilidad, la inseguridad jurídica, el intrusismo y los problemas de regulación.

Es especialmente relevante la continua inseguridad jurídica por la que atraviesa el sector: ausencia del Reglamento de acompañamiento de la Ley de Seguridad Privada de 2014, intentos de desregulación sectorial, desaparición de actividades propias y normativas y sentencias contradictorias, como la reciente del Tribunal Supremo 873/2018, que pone en riesgo una contratación socialmente responsable al desincentivar la concurrencia a los procesos de licitación.