El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeS-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, quieren mostrar su desacuerdo ante la propuesta presentada por el Grupo Socialista para someter a debate en el Congreso de los Diputados la progresiva supresión del dinero en efectivo, hasta su desaparición definitiva; sin haber atendido a la solicitud de reunión realizada por el Observatorio. Por ello, se insta al resto de grupos parlamentarios a rechazar dicha propuesta en los términos actuales dados los múltiples perjuicios que esta medida puede causar en la sociedad.
Esta iniciativa va en sentido contrario a las ya adoptadas por diversos países de nuestro entorno, como es el caso de las autoridades suecas, quienes están imponiendo a las entidades financieras la aceptación del efectivo ante las graves consecuencias sociales del proceso de gradual eliminación de su disponibilidad. Tampoco tiene sentido que se ubique dentro de un marco para la mejora del sistema tributario, máxime cuando la experiencia de los países de nuestro entorno demuestra que no existe una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida: Alemania es el país con mayores niveles de uso del efectivo y, al mismo tiempo, una economía modélica en cuanto a sus niveles de fraude.
En este escenario, desde el OBSERVATORIO SECTORIAL se recuerda que cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la desaparición del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos, tiene consecuencias desafortunadas y QUIERE SEÑALAR QUE:
- Impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como para casi 1 de cada 5 españoles que viven en zonas rurales.
- Afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
- Incide de forma directa en la competitividad de los pequeños comercios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes superficies comerciales, en especial aquellos de reparto, que se verían obligados a implantar el pago on line como único medio de pago permitido, además, en la actual situación económica y de confinamiento, sin los recursos ni el tiempo necesario.
- Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
- Significa optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.
