La Policía Nacional propone una multa de 30.000 a 600.000 euros para una empresa de servicios por realizar funciones de seguridad sin estar habilitada para ello.
Las constructoras pueden enfrentar sanciones de entre 20.000 y 100.000 euros y los trabajadores se pueden enfrentar a sanciones de 6.000 a 30.000 euros.
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