La mesa redonda celebrada en el marco de SICUR Cyber 2026, organizada por Seguritecnia y Red Seguridad con el apoyo de la Fundación Borredá, volvió a situar en el centro del debate la trasposición de las directivas europeas NIS 2 y CER al ordenamiento jurídico español, con especial atención al papel que debe desempeñar la seguridad privada. Representantes del ámbito público y privado coincidieron en la complejidad del proceso normativo y en la dificultad de concretar plazos, pese a que el calendario oficial fijaba su aprobación para octubre de 2024.
Moderado por César Álvarez, coordinador de proyectos de la Fundación Borredá, el encuentro puso de relieve el cambio de paradigma que introducen ambas directivas, que pasan de un enfoque centrado exclusivamente en la protección a otro basado en la resiliencia, la continuidad operativa y la cooperación público-privada. En este contexto, se subrayó la necesidad de definir con precisión el encaje de la seguridad privada en este nuevo marco regulatorio, evitando solapamientos normativos y cargas administrativas innecesarias.
Durante la mesa, Ángel Flores Alviz (CNPIC) destacó la importancia de realizar un análisis exhaustivo para determinar qué servicios de seguridad privada pueden considerarse esenciales y si determinadas empresas deben ser designadas como operadores críticos, defendiendo un modelo centrado en la resiliencia y la continuidad de los servicios. Por su parte, Leandro Gobierno López (OCC) incidió en la complejidad de la trasposición de la NIS 2, subrayó la necesidad de coordinación interinstitucional y avanzó la creación de una acreditación específica para el personal de ciberseguridad. En la misma línea, Julio Camino (UCSP) recalcó el papel operativo clave de la seguridad privada en la protección física de infraestructuras críticas y la importancia de valorar la criticidad real de los servicios prestados. Finalmente, Antonio Suárez (SEPROSE) enmarcó la urgencia de estas directivas en el actual contexto geopolítico, defendiendo la colaboración público-privada como pilar esencial para reforzar la seguridad y la resiliencia.
Cerró la mesa APROSER, como único representante del sector privado en un panel compartido con las autoridades públicas, y valoró positivamente que la directiva CER reconozca expresamente la importancia de la calidad vinculada a la normalización en la prestación de los servicios, aunque advirtiendo del prolongado retraso en su transposición. Se destacó igualmente que la norma incorpora obligaciones relevantes en materia de formación y resiliencia, lo que refuerza la profesionalización del sector, y se apuntó la interpretación de que el anteproyecto probablemente se haya apoyado en el Real Decreto 524/2002 como referencia para asegurar la prestación de servicios esenciales, al tratarse, en la práctica, de una de las pocas normas existentes que abordan esa continuidad del servicio. Asimismo, se insistió en la importancia de que el sector de la seguridad privada sea reconocido como sector estratégico en el anteproyecto actualmente en discusión, subrayando que un mayor nivel de exigencia debe traducirse en mayor fiabilidad y capacidad de asunción de nuevos servicios en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.
