Barcelona ha acogido una jornada dedicada a la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, con especial atención al papel de las policías locales en la coordinación de la seguridad en el ámbito municipal. El encuentro reunió a representantes institucionales, mandos policiales, responsables de seguridad y profesionales del sector para analizar los principales retos de la cooperación público-privada en entornos urbanos y servicios esenciales.
En representación de APROSER Catalunya intervino su presidente, Juan Montero, quien defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación entre administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y empresas de seguridad privada, siempre “con lealtad institucional, respeto competencial y voluntad constructiva”. Montero subrayó que la seguridad es hoy “una responsabilidad compartida” y destacó el papel que desempeña la seguridad privada en hospitales, infraestructuras, centros comerciales, transportes, actividades culturales o grandes eventos vinculados a la vida diaria de los municipios.
Durante su intervención, el representante de APROSER también puso el foco en la importancia de avanzar en la profesionalización del sector a través de la formación, la calidad del servicio y la solvencia de las empresas. En este sentido, destacó el valor estratégico de la nueva Formación Profesional de Técnico en Seguridad como herramienta para reforzar la preparación de los futuros profesionales y mejorar el reconocimiento social de la actividad.
Asimismo, la jornada abordó cuestiones relacionadas con la contratación pública y los modelos de compra agregada y centralizada. Donde desde APROSER se insistió en que la seguridad “no puede contratarse mirando solo al precio”, sino que debe priorizar criterios vinculados a la calidad, la estabilidad y la capacidad operativa de los servicios prestados.
La sesión incluyó además una mesa redonda moderada por Juan Montero sobre coordinación y seguridad en el ámbito local, en la que se analizaron experiencias de colaboración entre administraciones públicas, policías locales y empresas de seguridad privada.
