Ángel Córdoba Díaz
presidente de APROSER
El sector de la seguridad privada tiene actualmente más de 5.000 puestos de vigilante de seguridad pendientes de cubrir. No se trata de una estimación sobre futuras necesidades ni de una proyección a varios años. Son puestos de trabajo reales, necesarios para atender servicios tanto existentes como solicitados, y para los que ya no se dispone de alternativa alguna de cobertura dado que las compañías del sector no encuentran suficientes profesionales.
Esta situación resulta especialmente paradójica en un país que todavía mantiene tasas de desempleo elevadas. Sin embargo, el problema no puede explicarse mediante una aparente falta de conexión entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan contratar. Nos encontramos ante un fenómeno más profundo, que afecta a numerosos sectores, pero que en la seguridad privada adquiere unas características especialmente relevantes por la naturaleza esencial de los servicios prestados.
Los vigilantes de seguridad están presentes en infraestructuras críticas, hospitales, aeropuertos, estaciones, centros de transporte, instalaciones energéticas, edificios públicos, centros comerciales, entidades financieras, industrias, eventos y multitud de espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana. Su trabajo complementa la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con efectivos muy ajustados, y contribuye, cada día, a proteger personas, bienes, actividades e instalaciones.
Por eso, la existencia de más de 5.000 vacantes no es solamente un problema de las empresas de seguridad. Es una señal de alerta que afecta a trabajadores, clientes, administraciones públicas, usuarios y, en último término, al conjunto de la sociedad.
Conviene explicar esta diferencia con toda claridad y sin menospreciar la importancia de ninguna actividad económica. Toda vacante sin cubrir tiene consecuencias: para la empresa que necesita contratar, para quienes ya trabajan en ella y para los ciudadanos que utilizan sus servicios.
Pero las repercusiones colectivas no son idénticas en todos los casos. No produce el mismo efecto social que quede sin cubrir un puesto en una actividad ordinaria que no poder incorporar al profesional encargado de proteger una central nuclear, un aeropuerto, un hospital, una instalación energética o un gran nodo de transportes.
En el primer supuesto, la falta de personal puede limitar horarios, reducir la capacidad de atención o perjudicar la actividad de un establecimiento. En el segundo, puede comprometer la capacidad de organizar adecuadamente un servicio de protección vinculado a una infraestructura crítica, a un servicio esencial o a un espacio en el que confluyen miles de personas. Ambas situaciones merecen atención, pero no tienen la misma dimensión estratégica ni generan el mismo riesgo para el interés general.
En estos entornos, el vigilante de seguridad no constituye un elemento accesorio ni fácilmente sustituible. Forma parte de un sistema de prevención, vigilancia y respuesta diseñado para funcionar de manera continuada. La ausencia de profesionales suficientes reduce la capacidad de cubrir relevos, reforzar dispositivos, responder a incidencias y mantener los márgenes de seguridad y resiliencia que requieren instalaciones especialmente sensibles.
Por tanto, cuando hablamos de escasez de vigilantes no estamos planteando solamente una dificultad empresarial o laboral. Estamos hablando también de continuidad de servicios esenciales, protección de infraestructuras críticas y capacidad del país para prevenir y afrontar riesgos. Esta dimensión debe estar presente en las políticas de empleo, formación, inmigración, contratación pública y seguridad.
¿Por qué faltan vigilantes de seguridad?
No existe una única causa ni hay un único culpable, como casi todo en esta vida. En primer lugar, el sector afronta un importante reto demográfico. Una parte significativa de sus profesionales se aproxima a la jubilación y las nuevas incorporaciones no compensan suficientemente las salidas.
La seguridad privada compite, además, con otros sectores que también necesitan incorporar trabajadores y que, en ocasiones, ofrecen horarios o condiciones de prestación que pueden resultar más atractivos para determinados perfiles.
A ello se suma un insuficiente conocimiento social de la profesión. Con demasiada frecuencia continúa proyectándose una imagen antigua y limitada del vigilante de seguridad. La realidad es muy distinta. Hoy se observan profesionales preparados para trabajar con tecnología, gestionar incidencias, comunicarse con usuarios, actuar en situaciones de emergencia y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ser vigilante exige responsabilidad, equilibrio, formación y capacidad de reacción. No es una ocupación residual ni un trabajo de mera presencia. Es una profesión regulada y habilitada por el Ministerio del Interior, con funciones propias y con una contribución directa al sistema general de seguridad.
El acceso a la profesión está sometido, lógicamente, a requisitos de formación, aptitud y habilitación. Pero debemos preguntarnos si los procedimientos existentes tienen la agilidad suficiente para responder a las necesidades actuales. Entre la decisión de incorporarse al sector y la posibilidad efectiva de comenzar a trabajar existe un recorrido que puede desalentar a candidatos o llevarlos hacia actividades con una entrada más rápida.
También debemos revisar las limitaciones de acceso derivadas de la nacionalidad. La legislación permite ejercer al personal que tenga nacionalidad de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de un país que cuente con un convenio internacional aplicable. En una sociedad diversa y con numerosas personas plenamente integradas y dispuestas a trabajar, este marco deja fuera a potenciales profesionales que podrían cumplir todas las exigencias formativas, personales y de ausencia de antecedentes requeridas para desempeñar estas funciones.
Plantear una revisión de estas restricciones no significa rebajar los controles. Significa mantener todas las garantías necesarias —formación, habilitación, aptitud, conocimiento del idioma y comprobación de antecedentes— sin excluir automáticamente a personas por su nacionalidad cuando reúnen las condiciones de idoneidad exigibles.
Una carencia que afecta a todos
Los primeros afectados son los propios trabajadores del sector. Cuando no se cubren las plantillas necesarias (dejando al margen el problema del índice de absentismo actual en el sector servicios), resulta más difícil organizar turnos, sustituciones, vacaciones y descansos. Aumenta la presión sobre quienes ya están prestando servicio y disminuye la capacidad de las empresas para responder a incrementos imprevistos de la demanda. Un buen ejemplo podría ser lo recientemente ocurrido en Ceuta.
También afecta a las compañías de seguridad. Las empresas pueden disponer de clientes, contratos y capacidad organizativa, pero no pueden prestar adecuadamente los servicios si no cuentan con los profesionales necesarios. La falta de personal limita el crecimiento y dificulta la cobertura de incidencias.
Los clientes públicos y privados soportan igualmente las consecuencias. Una empresa industrial, un hospital, un aeropuerto o una administración necesitan continuidad y capacidad de adaptación. La escasez de vigilantes reduce el margen disponible para reforzar servicios, atender emergencias o responder a nuevas amenazas.
Las administraciones públicas tienen una responsabilidad adicional. Son uno de los principales compradores de servicios de seguridad privada y deben incorporar esta realidad a la contratación pública. No resulta coherente exigir elevados estándares de calidad y, al mismo tiempo, adjudicar contratos con presupuestos que no reflejan adecuadamente los costes laborales, la dificultad de captación o las condiciones necesarias para garantizar la estabilidad de las plantillas y la calidad del servicio.
Las licitaciones construidas casi exclusivamente alrededor del precio terminan perjudicando a todos. Dificultan la prestación del servicio, reducen la capacidad de atraer profesionales y pueden conducir a ofertas inviables, contratos desiertos o problemas durante su ejecución.
Finalmente, la falta de vigilantes afecta a los ciudadanos. La seguridad privada forma parte de la cadena de protección de nuestra sociedad. Cuando un vigilante controla un acceso, detecta una incidencia, protege una infraestructura o interviene ante una emergencia, está prestando un servicio que beneficia directamente a quienes utilizan ese espacio.
Es necesario actuar
La solución requiere una respuesta coordinada de todos, incluyendo a las propias empresas de seguridad y a sus órganos de representación colectiva. Necesitamos mejorar el conocimiento y el reconocimiento social de la profesión, explicar sus posibilidades de empleo y desarrollo profesional y acercarla especialmente a jóvenes, mujeres y personas que buscan reorientar su trayectoria laboral.
Pero también hay que acometer acciones que no dependen de iniciativas sectoriales. Debemos agilizar los procesos de habilitación, sin reducir las exigencias necesarias para ejercer una función vinculada a la seguridad. También es preciso facilitar una conexión más eficaz entre los servicios públicos de empleo, los centros de formación y las empresas que tienen puestos disponibles.
Resulta igualmente necesario estudiar una ampliación responsable de las vías de acceso para determinadas nacionalidades actualmente excluidas de la actividad de seguridad privada en España, manteniendo intactos los controles de idoneidad, formación, aptitud y antecedentes.
La contradicción resulta difícil de explicar. Las Fuerzas Armadas permiten participar en sus procesos de selección de tropa y marinería a nacionales de dieciocho países iberoamericanos y de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, esas mismas nacionalidades no permiten, con carácter general y por sí solas, acceder a la habilitación de vigilante de seguridad.
Sin embargo, la propia Ley de Seguridad Privada ofrece una vía para resolver esta situación sin necesidad de modificarla: la celebración de convenios internacionales en los que España y el correspondiente Estado reconozcan recíprocamente el acceso de sus nacionales a estas actividades.
La contratación pública debe reconocer el verdadero coste de unos servicios intensivos en gestión de personas y valorar la calidad, la estabilidad de las plantillas, la formación, la tecnología y la solvencia económica y organizativa del prestador del servicio. La seguridad no puede tratarse como un producto indiferenciado que se adquiere exclusivamente al menor precio.
Las propias empresas de seguridad, aun con casi un 100% de empleo fijo en lo que respecta a las asociadas a APROSER, debemos continuar trabajando para mejorar la incorporación, la formación, la promoción y la permanencia de los profesionales. Y debemos hacerlo mediante el diálogo social, porque atraer talento también exige ofrecer perspectivas de futuro y favorecer que quienes se incorporan quieran desarrollar su carrera en el sector.
España necesita vigilantes de seguridad. Los necesita ahora y los seguirá necesitando en los próximos años. Las más de 5.000 vacantes existentes no son únicamente una cifra: representan servicios que cuesta cubrir, oportunidades de empleo que no llegan a materializarse y una presión creciente sobre una actividad esencial que no puede dejar de prestarse ni prestarse sin la calidad necesaria, porque las consecuencias pueden ser inasumibles.
Todavía estamos a tiempo de anticiparnos. Pero para ello es imprescindible que reguladores, empresas, sindicatos y administraciones reconozcamos conjuntamente la dimensión del problema y adoptemos medidas concretas.
La seguridad privada ofrece empleo estable, regulado y socialmente necesario. Hagamos posible que quienes están capacitados y dispuestos a asumir esa responsabilidad puedan incorporarse al sector a la mayor brevedad y con todas las garantías.
