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Ángel Córdoba, Presidente de Aproser

¿‘Brexit duro’ en la seguridad privada en Canarias?

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en su defensa de una contratación pública socialmente responsable y de la prestación de servicios de calidad en la seguridad privada, se ha dirigido en numerosas ocasiones a las distintas administraciones y, particularmente, a la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias exponiendo una serie de situaciones que desde el punto de vista sectorial obstaculizaban un avance en las condiciones de la contratación pública, de forma que pudiera favorecerse una mayor participación de ofertas y la consiguiente mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos, señalando también en su día al vicepresidente del Gobierno de Canarias los problemas que suponía la descoordinación administrativa en la elaboración de los pliegos de contratación y la necesidad de una revisión de la gestión de la contratación pública de los servicios de seguridad, de alta intensidad en personal, con una mayor exigencia social en la calidad y la eficiencia de sus prestaciones.

Estos planteamientos de que se impulsara una mejora en la contratación pública por parte de las distintas administraciones canarias, especialmente en el ámbito del Gobierno de Canarias, no tuvieron siempre el eco que a nuestra Asociación y a otros agentes del sector les hubiera gustado, y a esto se le sumó una fraudulenta aplicación de la reforma laboral, con altísima incidencia en Canarias, lo que ha agudizado todos los problemas.

Desde Aproser advertimos muy pronto de las ‘sombras’ que se proyectaban sobre el sector de la seguridad privada, ya que las medidas que se adoptaron para frenar la crisis, con la prevalencia absoluta de lo cuantitativo sobre lo cualitativo y una reforma laboral indiscriminada que no tuvo en cuenta las peculiaridades del sector servicios, nos pueden abocar ahora a presenciar nuestro brexit particular, que será duro, pues se han producido una serie de escenarios reiteradamente anunciados y, de repente, servicios públicos fundamentales para el funcionamiento de la sociedad pueden verse en una situación de absoluta precariedad por la desaparición de las empresas que prestan los servicios. Con todo, pensamos que no hemos llegado tarde, ya que aún hay tiempo para soluciones.

La reciente Ley de Contratos del Sector Público que apuesta por la primacía de los criterios de responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación pública de servicios de seguridad privada constituye una herramienta que mejora la competitividad y refuerza el papel de la Administración Pública como organismo al servicio del ciudadano. Y además, en los grandes pasos dados por esta Ley, como la aplicación del convenio sectorial por todos los adjudicatarios, hacer que la calidad del servicio prime sobre el precio o garantizar que la empresa que no paga a los trabajadores queda expulsada del contrato, su artículo 130.6 fija unas condiciones de subrogación en los contratos de trabajo que obligan al contratista saliente a responder de los salarios impagados a los trabajadores e impone a su vez obligaciones específicas a la Administración para garantizar el pago de los salarios.

La certidumbre en los términos de aplicación de este artículo ha quedado sin embargo en el aire con una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre subrogación de empresas en la que considera la subrogación como una sucesión de empresas, lo que implica que la empresa entrante tiene que hacerse cargo de las obligaciones del anterior contratista con sus trabajadores, algo que supone una tremenda carga de inseguridad jurídica a la hora de la iniciativa empresarial.

Una cuestión clara y que ha funcionado hasta ahora es la subrogación, pero la asunción de otras obligaciones derivadas de la sucesión de empresa que, como ya se ha escrito, representan un misterio, exigirá pronto una intervención legislativa y, entre tanto, una intervención decidida de las administraciones, para que sea posible revisar precios y blindar al nuevo prestador del servicio frente a cualquier contingencia derivada de misterios procedentes del prestador saliente.

Las empresas generamos riqueza y empleo en función de oportunidades y asumimos riesgos desde referencias claras que impulsan la inversión y la apuesta por soluciones de calidad a las demandas que tratamos de satisfacer, pero siempre con una evaluación, ponderación y análisis de los riesgos, algo que en la situación que hemos descrito origina miles de incógnitas.

Seguridad jurídica y calidad de los servicios públicos ante los misterios, ésa es la cuestión, y destacamos que la Administración como principal y mayor contratante de este tipo de servicios, debe dar ejemplo y servir de guía en sus políticas de responsabilidad social, abordando esta situación de forma imaginativa para favorecer la presencia del mayor número de empresas ofertantes, lo que dará una respuesta en la calidad de los servicios. Entre todos tenemos que superar el problema, pero en esta ocasión al Gobierno de Canarias no le cabe otra opción que enfrentarlo y liderar la solución, en la que encontrará desde luego la plena colaboración de nuestra Asociación y de otros múltiples actores empresariales y sociales que comparten esta gran preocupación.

Ángel Córdoba Díaz.

Presidente de Aproser

Fuente: La Provincia