El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano formado las principales organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (APROSER y UAS) ha expuesto las cinco prioridades legislativas y reglamentarias que tendrán que ser abordadas por el próximo Gobierno.
Así, el Observatorio señala como una de las máximas prioridades del sector de la seguridad privada generar “un empleo de calidad respetuoso con los derechos de los trabajadores», que permita competir a las empresas «en condiciones de igualdad y que contribuya de una forma más eficaz a la seguridad de los ciudadanos».
Por ello, el Observatorio instó a que España se muestra firme en materia de generación de un empleo de calidad lo que implica ajustar el Estatuto de los Trabajadores previendo una normativa diferenciada en relación a las diferencias salariales o la prioridad en la aplicación de los convenios de empresa.
En este sentido, una de las principales novedades introducidas por la nueva Ley de Seguridad Privada fue el desarrollo de un modelo de formación profesional reglado para los futuros profesionales que permita el acceso a la profesión y así, puedan contar con las habilidades precisas que los nuevos retos que la seguridad privada deberá asumir en los próximos años.
Otra de las cuestiones es la relacionada con la responsabilidad subsidiaria del cliente al menos en el caso de las administraciones públicas, por los procesos de adjudicación realizados a empresas «no respetuosas» con la normativa cuando hayan sido informadas de tales incumplimientos durante la prestación de los servicios.
Además, cree importante que el Gobierno de España concluya el proceso de trasposición de la nueva Directiva Europea de Contratación Pública para que sus posibilidades de «exigencia del respeto de los convenios colectivos, la adjudicación teniendo en cuenta criterios cualitativos, y la máxima exigencia en la ejecución de los contratos» sean incorporadas a la normativa nacional de contratación pública. Planteamientos comunes en relación con una contratación pública innovadora y socialmente responsable que este Observatorio sectorial ha trabajado.
Por otro lado, la nueva Ley de Seguridad Privada 5/2014, fue positivamente valorada por el Observatorio Sectorial por haber incorporado una visión amplia del intrusismo, extendiéndolo a los incumplimientos laborales y tributarios. Aunque apunta a que, después de dos años de su entrada en vigor, sigue sin haberse aprobado el reglamento de desarrollo de dicha norma, por lo que «las posibilidades abiertas por la ley no han sido aprovechadas».
Los miembros del Observatorio Sectorial consideran que las cinco medidas previamente citadas pueden ayudar a conformar un sector más profesional y de mayor aportación de valor añadido para el conjunto de los ciudadanos. Se persigue así, avanzar en la modernización y reglamentación del mismo.