La seguridad privada ya es considerada un sector estratégico en la protección de infraestructuras críticas, y esta relación se verá regulada y aún más reforzada con la nueva legislación que está actualmente en trámite parlamentario.
El Gobierno español ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que busca fortalecer la seguridad de infraestructuras esenciales frente a amenazas como sabotajes, ciberataques o desastres naturales. Esta normativa, que transpone la Directiva europea 2022/2557, se tramitará con carácter de urgencia tras el reciente apagón masivo que afectó a la península ibérica.
Esta legislación refuerza el papel de la seguridad privada como actor clave en la protección de infraestructuras críticas, estableciendo un marco normativo que regula y potencia su colaboración con las autoridades públicas.
