La Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) junto a la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) han reafirmado el papel estratégico de la seguridad privada en el conjunto de Europa, tanto en la prevención de emergencias como en la implementación responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).
En una declaración conjunta emitida en Bruselas el pasado 4 de junio de 2025, las dos entidades subrayaron que más de dos millones de profesionales del sector en Europa ya desempeñan funciones preventivas esenciales en la protección ciudadana, infraestructuras críticas, eventos públicos y apoyo a los servicios de emergencia.
Según el documento, la seguridad privada no solo actúa como una barrera de contención frente a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado o los desastres naturales, sino que también impulsa la innovación y la resiliencia mediante el uso de tecnologías como drones, IA y sistemas integrados de gestión de riesgos.
Pese a esta relevancia, para CoESS y Aproser el sector sigue al margen de muchas estrategias europeas de seguridad. Por ello, han instado a las instituciones comunitarias a reconocer e integrar de forma plena a la seguridad privada en la arquitectura de seguridad de la Unión Europea. Entre las prioridades identificadas figuran la mejora de la formación del personal, el fomento de asociaciones público-privadas, el diseño de marcos normativos actualizados y la reforma de los criterios de contratación pública.
Guía práctica para usar la IA conforme a la normativa
En paralelo, Aproser y CoESS han publicado la versión en castellano de la Carta Europea sobre el Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en los Servicios de Seguridad, un documento que proporciona a las empresas del sector una guía práctica para implementar la IA de forma ética y conforme al nuevo Reglamento Europeo de IA, que comenzó a aplicarse en febrero de 2025.
La carta detalla diez principios clave, entre ellos destacan: la gobernanza de datos, la supervisión humana, la transparencia, la evaluación del impacto en derechos fundamentales y la participación activa de los trabajadores. De igual forma, también incluye ejemplos de uso, riesgos potenciales y mecanismos para garantizar la alineación con la legislación vigente y los valores éticos del sector.
