- Los colectivos más vulnerables siguen dependiendo del dinero efectivo
- Las retiradas de efectivo en los cajeros se han hundido hasta un 60%
La pandemia del coronavirus ha transformado de la noche a la mañana una parte de nuestros hábitos. La tecnología y lo digital han ganado más relevancia si cabe (teletrabajo, pedidos online…) mientras que otros hábitos más rudimentarios, como el pago con dinero en efectivo, parecen peligrar o, al menos, haber perdido peso en las últimas semanas. Las retiradas de dinero de los cajeros han caído en un 60% en países como Reino Unido, mientras que el Banco Central de Canadá ha tenido que emitir varios comunicados pidiendo a las tiendas que sigan aceptando billetes y monedas para que todo el mundo siga teniendo acceso a todos los bienes y servicios. Hoy, el efectivo es todavía fundamental para cualquier sociedad y su desaparición o repudio de la noche a la mañana puede tener consecuencias económicas y sociales muy grandes.
Poner fin al efectivo o reducirlo a la mínima expresión dentro del conjunto de métodos de pago plantea, a día de hoy, una serie de riesgos que la sociedad actual no está lista para sortear. La tendencia es clara y rápida, en 2014 más del 80% de los españoles decían que el efectivo era su medio de pago más habitual, frente al 53% de 2018, según las encuestas anuales del Banco de España. Pero son los mayores de 64 años y los menores de 24 (segmentos de población más vulnerables) los que permiten que el efectivo lidere aún esta clasificación, que deja en segundo lugar a la tarjeta de débito.
La ausencia de billetes y monedas o la dificultad para usarlos como medio de pago impactaría de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. Suelen ser los hogares con menores niveles de renta (y en zonas más rurales) los que tienden a usar de una forma más intensa el efectivo.
Aunque es cierto que algunos de los países más desarrollados del mundo han evolucionado hasta convertirse en economías casi ‘libres de efectivo’, se ha podido comprobar que éste aún es necesario y se deben tomar medidas para asegurar el acceso a todos los estratos de la sociedad. Desde la patronal Aproser (Asociación Profesional de Compañias Privadas de Servicios de Seguridad) explican en declaraciones a elEconomista que «algunos países que han legislado en contra del dinero en efectivo, como es el caso Suecia, han tenido que rectificar y ahora obligan a los bancos a tener una cantidad concreta de efectivo para atender los servicios de empresas y consumidores… ahora el problema que están teniendo son las dificultades que se encuentran para volver hacía atrás».
En el caso de España, un sociedad sin efectivo «afectaría muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias».
La encuesta del BdE no solo situaba a los más mayores entre los más expuestos al efectivo, el 97,9% de los jóvenes entre 18 y 19 años usa el efectivo como medio más habitual para sus pagos. Hay que tener en cuenta que los más jóvenes son en gran parte dependientes de sus progenitores y tienen más dificultades para acceder a los medios de pago digitales, que en muchos casos llevan aparejados la necesidad de tener una nómina o, al menos, una cuenta bancaria.
A nivel global, se calcula que hay unas 1.700 millones de personas que no están bancarizadas, según los datos del Banco Mundial. «Tendemos a pensar que el nivel de digitalización de las grandes ciudades es el mismo que en el resto del mundo. Sin embargo, esta no es la realidad global, ni de los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social, personas con recursos limitados, jóvenes sin cuenta corriente, mucha gente que no tiene acceso fácil a la digitalización».
Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, explicaba hace unas semanas que «la disponibilidad adecuada de efectivo es crucial para el funcionamiento de la economía. Incluso en tiempos normales, las tres cuartas partes de las transacciones de consumo en la zona del euro se realizan en efectivo, con países grandes como Alemania, España e Italia que utilizan efectivo a tasas que están alrededor, o incluso muy por encima, del promedio de la zona del euro. Por lo tanto, el efectivo sigue siendo el medio de pago dominante para los consumidores, y es de fundamental importancia para la inclusión de ciudadanos socialmente vulnerables, como los ancianos o los grupos de bajos ingresos».
El italiano explicaba que, además, para garantizar que el uso del efectivo sea lo más seguro posible, el BCE está trabajando con laboratorios europeos de primer nivel para evaluar el comportamiento de los coronavirus en diferentes superficies. Los resultados indican que los virus pueden sobrevivir más fácilmente en una superficie de acero inoxidable (por ejemplo, un pomo de una puerta) que en los billetes de algodón que se usan en la zona euro.
Desde Aproser añaden «que no hay una razón objetiva para demonizar el efectivo en estos momentos, no supone un riesgo añadido ni mayor que el de otros objetos de uso cotidiano que pueden estar en la calle, lo único que hay que ser consciente de tomar las precauciones adecuadas en el momento del pago, al igual que cuando se realiza a través de una tarjeta o hay que poner un PIN en el datáfono».
El riesgo de jugarlo todo a una ‘carta digital’
Por otro lado, dejar todos los medios de pago en manos de la tecnología y la digitalización puede suponer un riesgo importante si se produce algún tipo de fallo que impida realizar transacciones. Desde un apagón general hasta algún tipo de ciberataque que pueda bloquear los sistemas de pago. El efectivo actúa en este caso como una vía para diversificar y asegurar que se van a poder seguir realizando transacciones (y mantener la actividad económica al fin y al cabo), prácticamente, pase lo que pase. Aunque las monedas y los billetes vayan perdiendo peso, parecería precipitado legislar contra ellos en un intento por crear una sociedad libre de efectivo.
Otro peligro reside en la pérdida de libertad. El fin del efectivo condicionaría la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más costes y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos. Además, de otorgar a una entidad privada «el control de mis actividades, uso de mis datos, limitaciones al a privacidad y dejar todo tu dinero en manos de un tercero que al final puede terminar cobrándote por tener ahí tus ahorros», concretan desde Aproser.
También, en un mundo sin efectivo, la banca podría trasladar los tipos negativos a los clientes (como ya hace en algunos casos) de una forma mucho más sencilla. Pero volviendo a la realidad (en la que existe el efectivo y los colchones y cajas fuerte para guardarlo), si el banco busca trasladar a los depositantes los tipos negativos que la entidad ya paga al banco central por aparcar sus reservas bancarias (liquidez), el ahorrador siempre puede acudir a la oficina y sacar el dinero y guardarlo donde crea conveniente.
Por todo ello, desde Aproser abogan para que los poderes públicos garanticen la libertad de elección de cualquier medio de pago legal por parte de los consumidores, incluido el efectivo. Hoy, todavía, millones de personas dependen de este medio de pago, y hasta que las divisas digitales de la banca central sean un hecho, los billetes y las monedas serán el único medio de pago 100% público.
Fuente: El Economista
