El ejercicio 2024 ha cerrado con un crecimiento interanual del 6,2%, alcanzando una facturación total del sector de 5.334 millones de euros.

Por segmentos, Vigilancia ha registrado una facturación de 3.146 millones, con un incremento del 6,1% respecto a 2023. El área de Sistemas y Alarmas ha alcanzado los 1.848 millones (+6,5%), y el Transporte de Fondos ha sumado 340 millones, también con una subida del 6,1%.

Las previsiones para 2025 apuntan a un crecimiento más moderado, del 2,4% para el total del sector, y del 2,8% específicamente para el segmento de Vigilancia, condicionado por la evolución de la coyuntura política, económica y geopolítica.

En el ejercicio 2024, el 77% del negocio corresponde al sector privado y el 23% al sector público. Dentro del negocio procedente de las Administraciones Públicas, el 40% se origina en empresas públicas, el 31% en la Administración Autonómica, el 17% en la Administración Estatal y el 12% en la Administración Local.

En relación con los segmentos de demanda en Vigilancia, Comercio representa el 18% de la facturación. Le siguen Infraestructuras de Transporte con un 16,4%, Industria y Energía con un 15,5%, Administración Pública con un 12,6%, y Servicios – Sedes corporativas con un 11,8%. A continuación se sitúan Residencial (7,8%) y Entidades Financieras (7,4%), junto con otros segmentos como Educación (2,3%), Salud (2,5%), Turismo, eventos y cultura (2%) y Logística (2,4%).

El número total de empresas activas en 2024 asciende a 1.548, ligeramente superior al año anterior. De estas, 1.327 han sido autorizadas por el Ministerio del Interior, 201 por la Generalitat de Catalunya y 20 por el Gobierno Vasco.

Se mantiene la elevada atomización del sector: según el INE, el 85,1% de las empresas cuentan con menos de 50 trabajadores, un dato que refleja la persistencia de pequeñas estructuras empresariales.

El número de vigilantes en activo se sitúa en 91.275 profesionales, con un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior. Del total, el 94% cuenta con contrato indefinido, dato que reafirma la estabilidad del empleo en el sector.

La edad media se mantiene en los 49 años, y las mujeres representan ya el 17% de los efectivos, consolidando un ascenso progresivo en la última década.

En cuanto al nivel formativo, el 94% dispone de estudios obligatorios, FP o bachillerato, mientras que el 6% ha cursado estudios universitarios.

El sector de la seguridad privada se encuentra en una fase de consolidación y transformación, marcada por la necesidad de abordar retos estructurales que, a su vez, están generando oportunidades de evolución. La escasez de personal, la presión sobre los márgenes de rentabilidad, la competencia desleal y un marco regulatorio que requiere actualización siguen representando elementos clave a tener en cuenta. También inciden otros factores como el encarecimiento de los costes de seguridad social, la desindexación salarial y las consecuencias de la doctrina Somoza. Pese a estas dificultades, el sector continúa mostrando capacidad de adaptación y margen de mejora ante un entorno cambiante.

En paralelo, la contratación pública plantea retos que impulsan la revisión de modelos de prestación, con márgenes ajustados y una creciente exigencia operativa. Las dificultades para cubrir determinados perfiles, los retrasos burocráticos de los procesos de habilitación, junto con el envejecimiento de las plantillas, requieren una estrategia renovada de atracción y formación de talento. Por su parte, el avance de las tecnologías, el aumento de riesgos digitales y las transformaciones urbanas (como las Zonas de Bajas Emisiones) obligan a revisar procedimientos y dotaciones. Estos desafíos, lejos de frenar la actividad, están acelerando procesos de innovación, diversificación y profesionalización favorecida por el nuevo Título de Técnico en Seguridad.

En este contexto, el sector continúa reforzando su papel como generador de empleo estable, y consolida su colaboración con el ámbito público en la prestación de servicios esenciales. Las empresas han intensificado su capacidad de respuesta mediante nuevas soluciones tecnológicas y operativas, así como el desarrollo de servicios especializados en ámbitos como la ciberseguridad, la videovigilancia inteligente o la protección de infraestructuras críticas. La integración de criterios ESG, los planes de igualdad y diversidad y la apuesta por la formación continua se están incorporando de forma creciente a las estrategias del sector, lo que refuerza su competitividad y contribuye a su sostenibilidad a medio y largo plazo.